Torres Piña: la experiencia y la gobernabilidad lo respaldan

En una competencia política todos pueden presentarse como personas preparadas para gobernar. Sin embargo, entre expresar una aspiración y demostrar capacidad existe una diferencia fundamental: haber asumido responsabilidades reales cuando un conflicto amenaza con desbordarse, cuando una carretera permanece bloqueada o cuando sectores con posiciones enfrentadas necesitan sentarse en una misma mesa. En Michoacán, una de las pruebas más exigentes de ese oficio es la Secretaría de Gobierno, y Carlos Torres Piña ya estuvo al frente de ella.

Torres Piña asumió por primera vez la conducción de la política interna estatal al comenzar la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, en octubre de 2021. Tras separarse del cargo en 2023, regresó el 23 de junio de 2024 con la encomienda de fortalecer la coordinación con los municipios, los poderes públicos y las distintas fuerzas políticas. Es decir, su experiencia no proviene de una responsabilidad secundaria: estuvo en la dependencia a la que llegan los problemas que pueden alterar la estabilidad de todo el estado.

La Secretaría de Gobierno recibe los conflictos magisteriales, las demandas de normalistas y sindicatos, las inconformidades de transportistas, las tensiones municipales y las exigencias de comunidades indígenas y organizaciones sociales. Su función no consiste solamente en reaccionar cuando una protesta ya ocupa las calles, sino en construir interlocución, prevenir rupturas y dar seguimiento a los acuerdos. En esa etapa, la administración estatal reportó una reducción cercana al 67 por ciento en protestas y manifestaciones respecto de los primeros registros del gobierno. El dato no significa que hayan desaparecido las diferencias, sino que una proporción mayor pudo encauzarse mediante atención institucional y negociación.

Esa forma de gobernar también se reflejó en la relación con los pueblos originarios. Al inicio de la administración, únicamente 11 comunidades indígenas ejercían directamente el presupuesto que les correspondía. Para noviembre de 2024 ya eran 40. El crecimiento no ocurrió de manera automática: cada proceso implicó consultas, decisiones comunitarias, coordinación con autoridades electorales, ajustes administrativos y atención de controversias internas.

En 2023, además, se informó que comunidades pertenecientes a los cuatro pueblos originarios de Michoacán —purépecha, nahua, mazahua y otomí— habían accedido ya a mecanismos de autogobierno. Más allá de la cifra, el cambio muestra una capacidad política concreta: transformar demandas históricas en rutas institucionales que permitan a las comunidades ejercer derechos y administrar directamente sus recursos.

Los resultados de estos procesos también tuvieron un componente práctico. En distintos encuentros sobre autogobierno se documentó que algunas comunidades lograron realizar obras con ahorros de hasta 60 por ciento frente a los esquemas convencionales de ejecución. El reconocimiento de derechos no se quedó, por tanto, en una declaración política; comenzó a traducirse en mayor control local y en un mejor aprovechamiento del presupuesto.

Otro episodio relevante ocurrió rumbo a las elecciones de 2024. El 11 de septiembre de 2023 se instaló una Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral con autoridades electorales, partidos políticos e instituciones estatales. La finalidad era anticipar riesgos, coordinar las condiciones de seguridad y garantizar que la competencia se desarrollara dentro de la legalidad. En un estado con la complejidad política y territorial de Michoacán, sostener un proceso electoral requiere mucho más que organizar casillas: exige diálogo entre actores que compiten y, al mismo tiempo, deben preservar la estabilidad.

La experiencia de Torres Piña también incluyó momentos en los que el diálogo no podía confundirse con permisividad. Una política de puertas abiertas pierde eficacia cuando las movilizaciones afectan indefinidamente a terceros o cuando una demanda social es aprovechada por intereses ajenos. Gobernar consiste precisamente en distinguir entre el conflicto legítimo, que debe atenderse, y las acciones que obligan al Estado a proteger el libre tránsito y aplicar la ley.

La gobernabilidad tiene, además, consecuencias económicas. Un bloqueo carretero puede impedir la salida de una cosecha, retrasar mercancías, detener el transporte público y afectar en pocas horas el ingreso de cientos de familias. Por eso la capacidad para resolver conflictos no es un asunto abstracto o exclusivamente político: protege el funcionamiento cotidiano del campo, del comercio y de las pequeñas y medianas empresas.

Torres Piña ya tuvo que coordinarse con municipios, Congreso, Poder Judicial, órganos electorales, organizaciones sociales y Gobierno de México. Ya enfrentó protestas, consultas comunitarias, conflictos sindicales y tensiones regionales. Puede discutirse cualquier aspecto de su trayectoria, pero no sostenerse seriamente que carezca de experiencia para tomar decisiones bajo presión.

En una contienda donde varios perfiles hablan de lo que harían, la diferencia de Carlos Torres Piña está en lo que ya tuvo que resolver. La reducción de la conflictividad social, el crecimiento de 11 a 40 comunidades con presupuesto directo y la construcción de condiciones políticas rumbo al proceso electoral de 2024 son datos que permiten valorar su paso por la Secretaría de Gobierno sin depender de adjetivos.

Gobernar Michoacán requiere escuchar, negociar, coordinar y saber cuándo actuar con firmeza. La experiencia no garantiza por sí sola todas las respuestas, pero sí reduce el espacio para la improvisación. En el caso de Torres Piña, la gobernabilidad ya lo puso a prueba y los resultados forman parte de su principal respaldo.